MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

En Venezuela aprueban en primera instancia, la Ley de Producción Nacional que deja sin efecto la Ley del Trabajo y permite la privatización de empresas públicas

Alba Ciudad, 96,3 FM
 
La aprobación automática y sin verificación de la Solvencia Laboral (certificado que emite el Ministerio del Trabajo para señalar que una empresa no ha violado las leyes laborales y está al día con sus trabajadores) y la creación de una Comisión Especial que privatizará aquellas empresas del Estado que hayan disminuido su producción (sin tomar en cuenta las causas de su disminución, la severidad de la misma ni plantearse otras posibilidades para su recuperación) son algunas de las características del proyecto de Ley de Producción Nacional, que el martes 2 de marzo, fue aprobado en su primera discusión en la Asamblea Nacional venezolana.
 
Ese martes, la Asamblea venezolana aprobó en primera discusión la propuesta de Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional (ver PDF), propuesta por el diputado Julio Borges, del partido de derecha Primero Justicia, que parte de la idea de que el gobierno bolivariano supuestamente ha destruido la producción nacional a partir de expropiaciones de empresas privadas, y plantea que su devolución a empresarios logrará la reactivación económica. La Ley fue remitida a las comisiones de diputados para su análisis, y luego pasará a una segunda discusión artículo por artículo, antes de su aprobación definitiva.
En primer lugar, la ley se basa en el supuesto de que las empresas privadas están funcionando maravillosamente bien, y las empresas públicas funcionan terriblemente mal, sin embargo tanto las primeras como las segundas tienen problemas. 
La Ley de Producción Nacional plantea, en sus artículos 15 a 17, la creación de una Comisión Especial que deberá revisar única y exclusivamente a las empresas del Estado. La ley no plantea ningún tipo de medidas para los casos empresas privadas que tengan problemas de producción.
 
El artículo 19 explica claramente lo que se hará con aquellas que hayan decrecido su producción en los pasados 12 meses:
1) Se otorgará el derecho a un tercero de gestionar la empresa. ¿Ese tercero puede ser una comuna, un consejo comunal, una organización productiva? No. Porque se exige que el tercero cuente con “la capacidad financiera y la experiencia” para “reactivar rápidamente” dicha empresa. Lo que, en el lenguaje de la derecha, limita la escogencia de ese tercero a grandes corporaciones, muy seguramente empresas transnacionales “experimentadas” y con gran “capacidad financiera”.
 
El artículo 19 le da la posibilidad a ese tercero de adquirir la propiedad de la empresa estatal. Es decir: privatización, pura y simple.
 
Esta Ley, de ser aprobada, ordenará la privatización de cualquier empresa pública que haya tenido un decrecimiento en su producción en los últimos 12 meses, así haya sido una caída insignificante.  La ley no plantea ningún otro tipo de soluciones, ni toma en cuenta las causas por las cuales haya ocurrido ese decrecimiento: simplemente ordena que todo lo que que haya decrecido, pase a ser gestionado de inmediato a manos privadas.
El proyecto de Ley, por otro lado, no da instrucciones específicas sobre la forma cómo se efectuará esta adquisición: La Comisión Especial será la que determinará libremente el precio que se pagará por las empresas públicas que se privaticen, a su libre albedrío.
¿Qué pasará con las empresas privadas que hayan tenido disminución en sus niveles de producción? Nada. 
El proyecto de Ley presupone que las empresas privadas siempre han sido honestas, justas, comedidas, que jamás han especulado ni acaparado productos, que nunca han vendido mercancía vencida, que jamás han desviado productos de la cesta básica para revenderlos a 10 veces su precio, que nunca han usado dólares preferenciales para fines distintos a los autorizados, que jamás han maltratado a sus trabajadores ni les han cercenado sus derechos.
Los artículos 13 y 14, le dan a los empresarios la potestad de modificar cada 2 meses los precios de los productos, simplemente enviando una “comunicación escrita” a la Sundde informándole de la decisión empresarial.
 
Una vez que se entregue la “comunicación escrita”, el aumento se considera aprobado (porque confiamos en nuestros empresarios y sabemos que no nos mentirán en su estructura de costos). La Sundde sólo tendrá el derecho de hacer una “revisión posterior”.
 
Lo mismo puede notarse en el artículo 3, que le da la potestad al empresario de modificar ingredientes, naturaleza de los materiales y otras características de sus productos, y sólo tendrán que hacer una notificación por escrito al ente correspondiente avisando de la modificación.
 
La verificación y el control serán posteriores, y solamente durante un lapso de 30 días hábiles. No habrá que esperar una autorización expresa. Si el cambio en los ingredientes causa daños a los usuarios de los productos, ¿de quién será la culpa?
¿Anula la Ley del Trabajo?
El artículo 4 parte del mismo principio: plantea que la Solvencia Laboral y otros permisos se renueven de forma automática, sin mayor verificación por parte del Estado, presuponiendo que el empresario siempre ha tratado bien con sus trabajadores y jamás ha violado la Ley del Trabajo.
 
La Solvencia Laboral es el trámite que garantiza que el empresario privado esté al día con los pagos al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih, antigua Ley de Política Habitacional) y el Instituto Venezolano de los Seguro Social (Ivss), garantizando diferentes beneficios a sus trabajadores, como la posibilidad de un crédito para adquirir su vivienda.
La Solvencia Laboral se emite únicamente cuando el Ministerio del Trabajo constata que el empresario no ha incurrido en ilegalidades contra los trabajadores. De hecho, el Inspector del Trabajo negará o revocará la Solvencia Laboral, cuando la empresa no cumpla con:
Las declaraciones trimestrales mediante la cual se deberá suministrar la información relativa a empleo, horas trabajadas y salarios pagados.
Cuando exista una negativa a cumplir una orden de Reenganche, Pago de Salarios Caídos, así como cualquier otra orden o decisión que dicte la Inspectoria del Trabajo dentro de su competencia.
Cuando se desacate cualquier observación realizada por los funcionarios competentes en materia de supervisión e inspección del trabajo, Actas de Inspección de condiciones de trabajo, horarios de trabajo, Comités de Higiene y Seguridad Industrial (Lopcymat).
Cuando se incumpla cualquier observación o requerimiento dictado por el IVSS o el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud en el ámbito de su competencia (accidentes de trabajo, prevención de enfermedades ocupacionales).
Cuando se incumpla una decisión de los tribunales laborales o de seguridad social.
Cuando no se cumpla oportunamente con las cotizaciones y demás aportes al Sistema de Seguridad Social.
Cuando se menoscabe los derechos de libertad sindical, negociación colectiva voluntaria o de huelga.
La Solvencia Laboral es un documento que las empresas deben tener al día, para que éstas puedan hacer determinados trámites con el Estado, participar en licitaciones, acceso al sistema cambiario, compra y venta de sus productos, etc.  Es un certificado emitido por el Estado, que protege al trabajador de cualquier violación que su patrón pueda hacer a la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
No es exagerado que el Presidente Nicolás Maduro y muchos dirigentes del chavismo hayan afirmado que este artículo del proyecto de Ley de Producción Nacional anula la LOTTT. No lo hace directamente (no podría, pues la LOTTT es una Ley Orgánica de mayor jerarquía que este proyecto de Ley). Pero la anula de forma indirecta al hacer que la Solvencia Laboral quede desactivada, y ya no sirva como instrumento para constatar que el empresario privado está cumpliendo con las obligaciones que le impone la LOTTT.
Alba Ciudad, 96,3 FM

 


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