MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

El Gobierno rinde homenaje a los caídos de la Masacre de Porvenir

Unidad de Comunicación
 
El Gobierno rindió homenaje a los 13 campesinos muertos y la treintena de heridos en un acto que se desarrolló ayer en la sede de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Porvenir, ciudad de Cobija, el domingo 11. En 2008, funcionarios de la Prefectura de Pando llevaron adelante un cruento ataque con armas de fuego y masacraron a comunarios.
 
Participaron en el acto el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso Agudo; la ministra de Justicia, Virginia Velasco; el Defensor del Pueblo, David Tezanos; la abogada de las víctimas, Mary Carrasco; Aladino Cardozo, presidente de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Porvenir; y campesinos de Filadelfia, Porvenir, Santos Mercado y otros.
La actividad se desarrolló en la sede de las víctimas en la ciudad de Cobija, donde yacen los nombres de los “Héroes de la democracia”, entre los que se encuentran: Celedonio Bazoaldo, Bernardino Racua, Diter Tupa, Johnny Cari, Alfonzo Cruz, Arnoldo Gonzales, Wilson Mejía, Félix Roca, Alfredo Robles, Ramiro Tiñini y Wilson Castillo.
El Ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso Agudo, señaló en el acto que los criminales y masacradores del horrendo crimen en Porvenir deben sacudir sus conciencias para purgar sus delitos, atormentados por haber arrebatado la vida de campesinos inocentes.
Pidió a la justicia mayor celeridad para castigar a los responsables de la masacre con 30 años de cárcel y que, a su turno, el Gobierno se encargará de que se haga justicia con las víctimas de Porvenir.
La abogada de las víctimas, Mary Carrasco, rindió un informe jurídico del proceso y aclaró que a ocho años del juicio ingresó en la última etapa (alegatos), a cuya finalización pedirá 30 años de cárcel para exprefecto Leopoldo Fernández y otros acusados.
Enviados especiales de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), quienes realizaron una investigación, concluyeron que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad, en donde participaron funcionarios de la entonces Prefectura de Pando, al mando de Leopoldo Fernández.
 


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