MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

¿Con qué moral habla el capitalizador y corresponsable de la Masacre de Navidad?

Unidad de Comunicación
 
El Vicepresidente del prófugo de la justicia, Gonzalo Sánchez de Lozada, Víctor Hugo Cardenas, reclama una política minera. Ha declarado a los medios de comunicación: “mientras no haya una política minera, se repetirán tragedias como el conflicto de coolperativistas”. Veamos cuál es la política económica minera, que reclama el Vicepresidente del masacrador de Amayapampa, Capasirca y Llallagua.
 
El 9 de noviembre de 1993, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada aprueba el Decreto Supremo 23670, a través del cual se rebajan los fletes ferroviarios, las tarifas eléctricas y los precios del gas natural para la minería mediana en general. Comsur, cuyo propietario era Gonzalo Sánchez de Lozada, se benefició con 14 millones de dólares. Víctor Hugo Cárdenas era el Vicepresidente.
En 1993, Comsur de Gonzalo Sánchez de Lozada pagó por impuestos 450.000 dólares. Un año antes, cuando no era Presidente ni Cárdenas Vicepresidente, Comsur canceló 4,2 millones de dólares en impuestos. Andrés Soliz Rada señala que esta rebaja se debe a una ley que tenía que favorecer a los cooperativistas mineros. 
Durante el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, se impulsó la destrucción de Comibol. Un ejemplo. Según www.siahcomibol.gob.bo, camiones con toneladas de documentos de documentos oficiales de la COMIBOL fueron trasladados y echados en los patios y depósitos improvisados en almacenes de El Alto y en los centros mineros. Por el abandono, los archivos fueron atacados por roedores y palomas y las inclemencias climáticas; era parte de la destrucción de Comibol.
El Código de Minería, aprobado en 1997 durante el Gobierno de Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, otorga concesiones mineras a "personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras con derecho real y exclusivo de realizar por tiempo indefinido actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización de todas las substancias minerales que se encuentren en ella”.
El artículo 21 del Código de Minería de 1997, aprobado cuando Víctor Hugo Cárdenas era Vicepresidente señala: "las sociedades cooperativas mineras podrán asociarse y suscribir contratos de cualquier naturaleza, incluidos contratos de riesgo compartido con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) o con otras personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, sin perder su naturaleza de entidades de interés social”.
Víctor Hugo Cárdenas rubricó esta ley que permitió a las cooperativas enriquecerse a costa del Estado boliviano con base en una serie de privilegios al ser “entidades de interés social”, cuando en los hechos dejaron de serlo.
Ahora, Víctor Hugo Cárdenas reclama una política minera para que no se repitan “las tragedias como el conflicto de los cooperativistas”. Ese conflicto tiene su origen en el Código aprobado en su Gobierno. ¿Con qué moral habla Víctor Hugo Cárdenas?
Pero eso no es todo. En 1996, cuando Víctor Hugo Cárdenas era Vicepresidente se produjo la denominada Masacre de Navidad, en Amayapampa, Capasirca y Llallagua. 
En abril de 1996, ingresa al país la empresa transnacional canadiense Da Capo Rersources Ltda., que se unió a Granges de Estados Unidos para conformar Vista Gold Corporation. 
El 5 de septiembre de ese año, los empresarios y trabajadores firmaron un convenio, mediante el cual la empresa garantizaba la estabilidad salarial y el pago de beneficios sociales, entre otros. Pero la compañía incumplió el acuerdo y ante la protesta de los mineros el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas movilizó, en diciembre, a las tropas del Ejército y la Policía. 
El saldo fue de decenas de muertos y heridos entre trabajadores mineros, campesinos y población civil.
¿Ésa es la política minera que reclama Víctor Hugo Cárdenas?

 


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