MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

Todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho de elegir y de ser elegidos libremente

Unidad de Comunicación
 
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, las leyes nacionales, los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y los antecedentes históricos, cuatro vías (una nueva reforma constitucional aprobada por dos tercios de voto por la Asamblea Legislativa, la organización de la iniciativa ciudadana, la renuncia del Presidente Evo Morales y la interpretación constitucional del Tribunal Constitucional) para habilitar al Presidente Evo Morales para una nueva candidatura son constitucionales, legales y legítimos.
 
1. APROBAR UNA NUEVA REFORMA CONSTITUCIONAL POR DOS TERCIOS DE VOTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, REFRENDADA POR REFERÉNDUM POPULAR.
La aprobación de una Ley, por 2/3 de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es constitucional porque el Parágrafo II de la CPE no establece límites a las y los legisladores para plantear una reforma parcial, en cantidad ni temática ya consultada, asimismo al ser la CPE la norma suprema, no puede ser sujetada a normas inferiores. 
Sin embargo, el principio de preclusión alegado como limitante para optar por esta vía constitucional, tiene como fundamento el evitar que DENTRO UN PROCESO SE RETROTRAIGA ETAPAS, al respecto la Ley del Régimen Electoral en el inciso k) de su artículo 4 y en su artículo 190 claramente refieren que “Las etapas y resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán ni se repetirán” y que “Los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato no pueden ser anulados, por ninguna causa y ante ninguna instancia.” , en ese sentido LA REALIZACIÓN DE UN NUEVO REFERÉNDUM NO BUSCA ANULAR RESULTADOS NI REVISAR NI REPETIR ETAPAS NI RESULTADOS DENTRO UN PROCESO ELECTORAL YA CONCLUIDO, SINO QUE SE CONSTITUYE UN NUEVO PROCESO, NUEVO E INDEPENDIENTE, por lo que NO SE PUEDE ARGÜIR PRECLUSIÓN SOBRE DOS PROCESOS DIFERENTES.
En ese sentido, es constitucional, legal y legitimo un nuevo proceso democrático para reformar parcialmente a la CPE, llevado adelante en el marco de la legitimidad que otorga el impulso legislativo de una gran parte de la población por medio de sus representantes, a través primero, la aprobación de una ley por 2/3 de las y los legisladores y posteriormente puesta a consideración de la población mediante Referéndum Popular, creado sin límites por  la misma CPE.
2. ORGANIZAR UNA INICIATIVA CIUDADANA, RECOLECTANDO FIRMAS DEL 20% DEL PADRÓN ELECTORAL, REFRENDADA POR REFERÉNDUM POPULAR. 
Basándonos en la CPE y las Leyes, la iniciativa popular de recolectar firmas del 20% del padrón electoral, es constitucional, legal y legítima, porque la Constitución, en el Parágrafo II del Art. 411 dice que la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por: 1. Ley de Reforma Parcial a la CPE; ó 2. Iniciativa popular; permitiendo una vía u otra o ambas, sin limitación de número de veces para iniciarla ni sobre temática ya consultada, en el marco de los principios de Supremacía Constitucional, Principio Democrático y de Soberanía Popular.
Al respecto, ante la desinformación y engaño que se pretende hacer al pueblo boliviano, con una simplicidad vana, prebendal, paternalista, que pretende humillar la inteligencia de las y los bolivianos y afectar el derecho que tenemos para decidir sobre las normas que nos regulan, debemos aclarar que la conjunción “o” no es excluyente sobre una u otra alternativa, sino que expresa conjuntamente adición y alternativa, acción recogida por las reglas de Técnica Legislativa, que de lo contrario, significaría utilizar la conjunción “y” que implicaría que la reforma parcial debería iniciarse por los dos caminos a la vez obligatoriamente, de manera absolutamente incongruente e improcedente. 
En todo caso, el fondo no está en la descalificación banal por el “y/o” de la vía constitucional, de reforma parcial a la CPE por Iniciativa Popular, sino en la intención de invalidar la posibilidad permitida por la CPE a la sagrada voluntad popular de reformar la misma parcialmente sin limitación ni prohibición de número ni contenido de reformas que puedan plantearse, sin olvidar que además de estar validada primero por el 20% de ciudadanas y ciudadanos del padrón electoral posteriormente sería o no refrendada por el pueblo soberano en un Referéndum Popular, en ejercicio de la democracia directa y representativa establecida en el Artículo 11 de la CPE. 
Asimismo, el alegato falso de que el Régimen Electoral establece que el Referéndum por iniciativa ciudadana es sólo para políticas públicas es falso, claramente el Parágrafo II del Artículo 411 establece la posibilidad de Reforma Constitucional Parcial por Iniciativa Popular, de manera concordante con el principio de Soberanía Popular establecido en la Ley 026 del Régimen Electoral, que señala que la voluntad del pueblo soberano se expresa a través del ejercicio de la democracia directa y participativa, para la formación, ejercicio y control del poder público, para deliberar y decidir políticas públicas, controlar la gestión pública, autogobernarse y para revocar autoridades y representantes del Estado. 
3. LA RENUNCIA DE EVO MORALES SEIS MESES ANTES DE CUMPLIR SU ACTUAL MANDATO PARA QUEDAR HABILITADO. 
Esta opción es plenamente constitucional y valida, por los siguientes fundamentos:
1) Existen antecedentes históricos que respaldan esta opción; debido a la convulsión social que asolaba el país hacia la década de 1980, durante el Gobierno de la Unidad Democrática Popular, se habilitó constitucionalmente al entonces Vicepresidente Jaime Paz, para postularse al cargo de Presidente, ante el acortamiento de mandato tanto del Presidente como del Vicepresidente, situación que fue legalmente aprobada mediante Ley Nº 682 de 14 de diciembre de 1984.
2) Otro antecedente más próximo, es el acortamiento de mandato del Presidente Evo Morales, entre las gestiones 2006 a 2011, el que, debido a la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado, no fue considerado como un período constitucional, por cuanto, resulta plenamente válida esta alternativa para permitir que Evo Morales acceda a nueva elección presidencial por el período 2020 – 2025.
3) Con base a los antecedentes históricos expuestos, corresponde exponer argumentos jurídicos, conforme lo siguiente: 
i. El Presidente no concluiría el mandato constitucional, por cuanto el mismo no puede ser considerado como un mandato íntegro;
ii. El Artículo 170 de la Constitución Política del Estado dispone que el Presidente cesará en sus funciones por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en consecuencia, es libre de asumir tal decisión con la finalidad de postularse a un nuevo mandato constitucional;
iii. El Artículo 168 de la Constitución Política del Estado, establece de manera expresa la posibilidad de reelección del Presidente, por una sola vez de manera continua, en caso de que el Presidente Evo Morales renuncie, NO existiría continuidad en consecuencia se encontraría facultado para poder postularse nuevamente a una nueva elección.
iv. El Artículo 11 de la Constitución Política del Estado establece la forma de gobierno a través de la democracia participativa, la cual se ejerce a través del voto universal, directo y secreto; en concordancia con lo señalado, el Artículo 13, en sus parágrafos I y II, dispone que los derechos reconocidos por la Constitución, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, los que no deben ser entendidos como negación de otros derechos no enunciados; en consecuencia, no es posible que se pretenda limitar el derecho de un ciudadano (Evo Morales) a ser elegido para una función pública, cuando el mismo hubiera renunciado con anticipación al cargo que ocupaba con la finalidad de habilitarse plena y legalmente para una elección presidencial, más aún, cuando no existiría el impedimento de la continuidad previsto por el Artículo 168 del texto Constitucional, al encontrarse en funciones otro Presidente del Estado;

4. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL POR PARTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
El Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de las normas podrá practicar una interpretación de la CPE, orientada a la consecución de los fines del Estado y el ejercicio libre de derechos de naturaleza fundamental. 
En ese entendido, el TCP ante una solicitud de interpretación de la CPE respecto a los derechos civiles y políticos de ser libremente elegido y derecho de las y los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes, debería concluir, en el marco de: i. El Parágrafo II del Artículo 410 de la CPE, que reconoce como integrantes del bloque de constitucionalidad, a los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos que fueron ratificados por Bolivia; ii. Artículo 256 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 6 de la Ley N° 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional que establecen que estos Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos gozan de aplicación preferente sobre la Constitución cuando establezcan normas y derechos más favorables y considerando que iii. El Estado Plurinacional de Bolivia ratificó mediante Ley N° 1430, la Convención Iberoamericana de sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que en su Artículo 33 referente a los Derechos Políticos establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de elegir y ser libremente elegidos, constituyendo restricciones a este derecho, únicamente razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente, aspectos que de acuerdo a la aplicación preferente de derechos; que en el marco del ejercicio libre de derechos fundamentales, es constitucional y legitimo una nueva postulación del Presidente en ejercicio y que el soberano elija al candidato de su preferencia.

 


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