MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

Los argumentos del decreto 2366 nunca serán los mismos que los del neoliberalismo

Unidad de Comunicación
 
Un investigador señala que el Decreto Supremo 2366, del 20 de mayo de este año, es “muy similar a un proyecto de ley planteado en julio de 2003 por Alejandra Sánchez de Lozada, hija del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada”. Pero, de ninguna manera es sostenible afirmar que los argumentos ofrecidos por el neoliberalismo, en ese entonces, son los mismos que hoy esgrime el Gobierno de Evo Morales, respecto a la exploración hidrocarburífera en las áreas protegidas.
 
Los contextos político, jurídico y normativo son totalmente distintos.
a)    Las leyes neoliberales Nº 1689 de 20 de abril de 1996, Ley de Hidrocarburos y su Ley Complementaria Nº 1731 de 25 de noviembre de 1996, fueron el paraguas normativo para el proceso de entrega de los recursos hidrocarburíferos a las transnacionales, por medio de mecanismos como los contratos de riesgo compartido o join venture, los contratos de capitalización o sobre la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo.
b)    Bajo el liderazgo político y fuerza moral del MAS en 2005 y luego de los acontecimientos de la Guerra por el Gas del 2003 y del referéndum del 18 de mayo de 2004, sobre la política de hidrocarburos en Bolivia, se promulga la Ley Nº 3058 de 18 de mayo de 2005, que entre otras cosas recompone el concepto la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, así como la nueva legislación de los contratos petrolíferos.
c)    En 1º de mayo de 2006, en el primer Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma y como justo homenaje a los trabajadores se aprueba el Decreto Supremo Nº 27801, por el que se nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos del país, así el Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluta de estos recursos.
d)    Un hito importante es la Constitución Política del Estado, aprobada mediante referéndum de 25 de enero de 2009, en la que con toda claridad se establece que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado en nombre y en representación del pueblo boliviano ejerce la propiedad de toda la producción y comercialización: la totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización será propiedad del Estado.
Es también un mandato constitucional el deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.
e)    Antes, las transnacionales se llevaban el 80% de los recursos generados por la comercialización de los hidrocarburos y el pueblo se beneficiaba con un mísero 20%, hoy esa regla se ha invertido: 80% para el pueblo boliviano.
Por lo expuesto, cualquier afirmación en sentido de que lo argumentado por el neoliberalismo en 2003, respecto a la exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos en áreas protegidas, es lo mismo que para defender el Decreto Supremo 2366, es simplemente insostenible.


 


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