MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

Buscan evitar que los empresarios redistribuyan sus ganancias

Ministerio de Trabajo
 
El 18 de diciembre de 1944, el gobierno del presidente Gualberto Villarroel promulgó la Ley de Aguinaldo de Navidad. Mediante esta norma legal toda empresa quedaba obligada a gratificar a sus trabajadores con un mes de sueldo, como aguinaldo de Navidad. Pese a que la ley se tramitó en el Congreso Nacional y hubo conocimiento pleno de su contenido y alcances, la rosca minero-feudal se movilizó para rechazar la medida, y fue apoyada por los medios de comunicación social e incluso algunos sindicatos afiliados a la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia (antecesora de la COB).
 
Algunos historiadores como Augusto Céspedes aseguran que esta ley revolucionaria y popular, protectora de los trabajadores, fue una de las causas principales para que la rosa minero-feudal hubiera decidido avanzar en una escalada de violencia, que finalmente acabó con el colgamiento del presidente mártir el 21 de julio de 1946.
Los empresarios privados no querían compartir sus ganancias con los trabajadores y consideraron que la única manera de evitar que el gobierno de Villarroel se fortaleciera, bajo el lema de “no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres”, era iniciar una escalada de violencia movilizando regiones y sectores laborales y ocultando productos de primera necesidad o elevando artificialmente sus precios.
A pesar de todo lo ocurrido en aquel tiempo, el aguinaldo de Navidad o primer aguinaldo, como ahora se lo conoce, se ha consolidado como un derecho social irrenunciable, cuyo pago no está discutido ni cuestionado por nadie.
Esa medida tan revolucionaria en su momento, hoy es parte integrante de nuestra legislación laboral, imposible de ser eliminada por su carácter beneficioso en todos los ámbitos de la economía y de los intereses de la sociedad.
Llama la atención que en las últimas semanas se hubiera iniciado una campaña sostenida y sistemática contra el pago del doble aguinaldo, Esfuerzo por Bolivia, que dictó el gobierno del presidente Evo Morales, mediante el Decreto Supremo Nro. 1802, de 20 de noviembre de 2013. Parece que existe un afán conspirativo que busca impedir que las trabajadoras y los trabajadores se beneficien de tan importante medida social, y que busca evitar que los empresarios redistribuyan parte de sus ganancias en favor de los más necesitados.
Podría pensarse que las distintas movilizaciones que estamos viendo en el último tiempo están dirigidas a perjudicar los niveles de producción, con la finalidad de bajar la productividad y, por tanto, afectar en última instancia al crecimiento económico del país y así frenar o desacelerar el PIB. De esta manera se evitaría que el crecimiento económico alcance un porcentaje superior al 4,5% y automáticamente que se pague el doble aguinaldo. Parte de ese tipo de acciones fue el paro de Comcipo, porque fue dilatado lo más posible y de ese modo causó graves perjuicios a la economía de la ciudad, del departamento de Potosí y del país en general.
Pero pese a estas acciones, el pago del doble aguinaldo está garantizado porque se prevé un crecimiento que bordeará el 5%, según los anuncios del Ministerio de Economía. Esta medida no podrá ser saboteada, porque existe un Gobierno Nacional fuerte, que cuenta con el respaldo comprometido de los movimientos sociales, que constituyen una unidad indisoluble con el Proceso de Cambio.
Los que no quieren la redistribución de las ganancias del empresariado no podrán movilizar a la ciudadanía para intentar repetir la experiencia del 21 de julio de 1946. Pues esta vez, los trabajadores defenderán el Proceso de Cambio y sus derechos laborales.   

 


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