MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

El Subsidio Universal Prenatal por la Vida busca proteger a las embarazadas y evitar la discriminación

Unidad de Comunicación
 
El Subsidio Universal Prenatal por la Vida se enmarca en la política gubernamental de lucha contra la discriminación y de protección estatal durante el embarazo, que ya cuenta con otras disposiciones legales como la inamovilidad hasta un año de nacimiento del niño o niña.
 
El 6 de agosto pasado, el gobierno extendió el Subsidio Prenatal (que solo llegaba a gestantes con seguro de corto plazo) a todas las mujeres embarazadas que recibirán, desde octubre de este año, durante los últimos cuatro meses de gestación, un Subsidio de Lactancia en especie equivalente a Bs300 por mes.
De acuerdo con las proyecciones, la nueva medida beneficiaría en el país a al menos 285.000 gestantes al año, aunque la cifra es variable.
La Constitución Política del Estado (CPE), promulgada el 9 de febrero de 2009, es la primera norma que sustenta el Subsidio Universal Prenatal por la Vida, pues, en su artículo 9 establece la construcción de una sociedad “justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”, además de “garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección…”, y “garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”.
La misma CPE dispone, en su artículo 45, que las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos, prenatal y posnatal.
Además que en el artículo 48 de la CPE se establece que “las mujeres no podrán ser discriminados o despedidos por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantizará la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad”.
Éstas son solo algunas disposiciones contempladas en la Carta Magna que se refieren directamente a la protección de la mujer, en general, y de las gestantes, en particular.
En este mismo sentido, el Bono Juana Azurduy fue creado por el Decreto Supremo 0066/2009 y consiste en un incentivo económico que reciben las madres al ir a sus controles prenatales (Bs50), al asistir a un centro de salud para el parto (Bs129) y al llevar al bebé cada mes al médico (Bs125), durante un año.
Mientras que el Subsidio Universal Prenatal por la Vida fue instituido mediante el Decreto Supremo 2480, de 6 de agosto de 2015, que dispone que este subsidio sea entregado desde octubre a todas las embarazadas que no cuenten con un seguro a corto plazo y que consistirá en la entrega de productos, diferenciados por región, por una valor equivalente a Bs300.
De esta manera, el gobierno cumple, nuevamente, con el principio de solidaridad inscrito en la CPE, esta vez, integrando a las mujeres gestantes sin un seguro a corto plazo en el proceso de distribución del excedente económico, para que no se encuentren en condiciones de desprotección y vulnerabilidad.
Este análisis del Ministerio de Trabajo sobre las bondades de esta medida incluye un diagnóstico acerca del embarazo adolescente en Bolivia, una situación que preocupa al gobierno, pues, en el país se registrarían 10 embarazos adolescentes por hora.
De ahí que el gobierno haya desplegado en los últimos años programas de difusión de información sobre derechos sexuales y otros temas relacionados con la sexualidad; y que haya, también, previsto  la asistencia estatal durante el embarazo y parto, tal como disponen las normativas vigentes.

 


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