MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL


  

El Ministerio de Trabajo se suma al proceso penal en contra de William Kushner

Unidad de Comunicación
 
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social solicitó su inclusión en la acción penal seguida por el Ministerio Público contra William Kushner Dávalos por el supuesto feminicidio de Andrea Aramayo, ante la evidencia de la existencia de presuntos ilícitos laborales, que deben esclarecerse.
 
Esta cartera de Estado presentó dicha solicitud a la juez Primera de Instrucción Cautelar Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthia Delgadillo, el 27 de agosto de 2015, mediante un memorial, y al amparo de los artículos 284y 290 del Código de Procesamiento Penal.

En el mencionado memorial, se menciona a la juez la presunta comisión de delitos de carácter laboral, como el acoso laboral, por el ahora imputado Kushner Dávalos, “ilícitos que serían causal de desenlace fatal por la supuesta generación de violencia en contra de la humanidad de la víctima” (Andrea Aramayo).

Por esta razón, el Ministerio de Trabajo se encuentra “en la obligación de formar parte de esta causa al amparo del artículo 286 del Código Procesal Penal, lo que sería legitimación activa suficiente para consiguientemente realizar el seguimiento correspondiente a este proceso jurisdiccional en la intención de aportar elementos útiles a la investigación y en franca lucha contra la impunidad”.

De igual manera, el Ministerio de Trabajo recuerda que a través de los medios de comunicación se difundió información sobre la “presunta existencia de conculcación de derechos laborales en torno a la posible consumación de este hecho delictivo”, que necesitan un esclarecimiento; y que se cuenta “con declaraciones de amigos y de la misma mamá de la víctima que uno de los elementos que habría ocasionado el desenlace fatal es la relación laboral de la víctima con el presunto autor del feminicidio”.
 
Andrea Aramayo (27) falleció la tarde del miércoles 19 de agosto, después de que su expareja y empleador Kushner Dávalos (38) supuestamente la atropelló con su vehículo afuera de un centro nocturno de entretenimiento en la ciudad de La Paz.

En el memorial presentado a la juez Delgadillo, el Ministerio de Trabajo expone: “ante este razonamiento normativo reiteramos la procedencia de nuestra legitimación activa en torno a este proceso penal, realizando el apersonamiento correspondiente y fundamentando nuestro interés legítimo con la intencionalidad de lograr sentar precedente para un tratamiento efectivo de los ilícitos de características conculcatorias de Derechos Laborales”.

Uno de esos argumentos es el Artículo 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), que en su Parágrafo I dice: “…Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio…”; y en el Parágrafo II prosigue: “…Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad… de no discriminación…”; para especificar en el Parágrafo VI: “… Las mujeres no podrán ser discriminadas…”.
Además que la Carta Magna en su Artículo 49, Parágrafo III establece que: “… El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral”…”.

De manera que en el presente caso “se toma como punto central o detonante de la conducta delictiva el hecho de la presunta existencia de un acoso laboral que consecuentemente genera un cuadro de violencia que no debe quedar sin la punición necesaria”.

Por otra parte, en el Artículo 7, numeral 11, de la Ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia) se define que Violencia Laboral: “Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus derechos…”.

En este contexto, esta cartera de Estado recordó que entre sus atribuciones, establecidas en el Decreto Supremo 29894, están: “… a) Proteger y garantizar el trabajo digno en todas sus formas…g) Prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos emergentes de las relaciones laborales… s) Promover y vigilar el cumplimiento de la legislación nacional y los convenios internacionales”…”.

Además, se ampara en tratados de Derechos Humanos relacionados a la protección de las mujeres que sufren violencia, como la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.

Con argumentos, el Ministerio de Trabajo colige “que las entidades del Estado están en la obligación de velar por los Derechos de las mujeres, no solo en lo que respecta a la prevención sino también a las sanciones efectivas con carácter ejemplificador de estas actuaciones que no deben repetirse más aún si estas tienen que ver con la relación laboral que genera desequilibrio como en el presente caso, y ante la eminente violencia en la que habría desarrollado esta relación laboral mencionada ut supra”.




 


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